A continuación se transcribe un comunicado aparecido en la edición del 11 de mayo de 2020 de Diario Libre, el cual es una evidente manifestación de rechazo a la impunidad que sostiene el régimen existente en la República Dominicana.

“COMUNICADO
INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE
CASO DEL CORONEL RAMÓN ANTONIO GUZMÁN PERALTA

La mayoría de la sociedad dominicana siente gran desconfianza y preocupación por la falta de interés y de compromiso que demuestran las autoridades en aplicar las normas legales tendentes al adecentamiento de la administración pública, sin lo cual es imposible erradicar para siempre las prácticas y conductas contrarias a la ética y a una transparente gestión.

En el país no existe una fortaleza institucional con la capacidad de garantizar seguridad jurídica a los ciudadanos afectados en sus derechos por decisiones y acciones de los organismos públicos.

Pocos dominicanos confían en que el Consejo Superior del Ministerio Público, presidido por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo, tenga la voluntad de aplicar las correspondientes sanciones disciplinarias de las que son pasibles los fiscales actuantes en el allanamiento y apresamiento ilegales del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta.

No debemos olvidar que estos actos ilegítimos se ejecutaron sostenidos en una falsa imputación basada en una investigación violatoria de los derechos de dos ciudadanos inocentes con el único propósito de conseguir beneficios electorales espurios al tratar de involucrar aviesamente al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, en un supuesto sabotaje contra las elecciones municipales del 16 febrero.

La sociedad dominicana no puede permitir que permanezca sin esclarecimiento y sanción un hecho que involucra a las instituciones responsables de garantizar el respeto a la dignidad humana y el cumplimiento de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Por esta razón solicitamos a la sociedad organizada, medios de comunicación, instituciones de derechos humanos, legis-
ladores, juristas progresistas y personalidades independientes preocupadas por la institucionalidad del país, sumarse al reclamo de que sea llevada a cabo una INVESTIGACIÓN PROFUNDA E INDEPENDIENTE hasta determinar los verdaderos responsables de ordenar la actuación irregular de los fiscales y el involucramiento del alto mando policial en un caso con clara motivación política.

No tenemos dudas de que esta Investigacion independiente, de llevarse a cabo hasta las últimas consecuencias, revelaría el interés político y participación de la jefatura del Ministerio Público y la Policía Nacional en un expediente falso lo cual implica graves violaciones a disposiciones penales vigentes; a la Constitución de la República, que expresamente prohíbe la participación de los miembros del Ministerio Público en asuntos políticos, aún cuando sean lícitos; así como a su régimen disciplinario.

Una vez concluida la investigación y comprobadas las acciones ilegales en que se incurrieron es imperativo el some timiento de los responsables ante las instancias judiciales correspondientes sin exclusión alguna.

Rechazamos rotundamente la existencia de un régimen de impunidad. ¡Nunca como ahora los hechos exigen justicia!”

Un documento de esa transcendencia suscrito por personalidades de diferentes ámbitos, diputados, juristas y ex ministros del país, merece llegar a todos los rincones del mundo.

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